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El conflicto en Ilva Porcellanato, ubicada en el Parque Industrial de Pilar, se agudizó en los últimos días tras el cierre repentino de la planta. La decisión empresarial dejó a 300 trabajadores sin empleo y sin percibir la totalidad de los haberes correspondientes.
La noticia se conoció el viernes 29 de agosto, cuando los empleados llegaron a cumplir con su jornada laboral y encontraron las puertas cerradas con un cartel que anunciaba el cese de actividades. Desde ese momento, el malestar fue inmediato: los operarios denunciaron que no existió ninguna instancia previa de diálogo y que la empresa actuó de manera intempestiva, dejando a cientos de familias a la deriva.
La medida empresarial derivó en la rápida organización de los trabajadores, que instalaron un acampe frente a la fábrica y comenzaron a cortar la calle 9 dentro del Parque Industrial. En la jornada de martes, los despedidos cortaton los tres accesos al complejo fabril local.
El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria, que obliga a retrotraer las medidas y mantener las condiciones laborales previas. No obstante, la compañía no presentó ninguna propuesta de solución y, hasta ahora, solo abonó el 50 por ciento de la quincena, dejando en la incertidumbre a los empleados que esperan el resto de sus haberes y la liquidación correspondiente.
La incertidumbre golpeó a todos por igual: operarios de producción, supervisores y administrativos recibieron telegramas de despido. Los empleados aseguran que el cierre no responde a una crisis real, ya que hasta días antes la producción se desarrollaba con normalidad y los camiones salían de la planta con pedidos. Además, remarcan que la empresa había incorporado recientemente nueva maquinaria, lo que contradice la versión de que no contaban con recursos.
Con el paso de los días, lo que más preocupa es la falta de respuestas. La empresa no asistió a las audiencias convocadas ni mostró predisposición a dialogar. “Lo único que pedimos es lo que nos corresponde: que nos paguen los sueldos y las indemnizaciones. No queremos nada más”, había remarcado un empleado de la empresa.
La magnitud del impacto social es enorme: 300 trabajadores quedaron en la calle y, junto con ellos, otras tantas familias que dependían de esos ingresos. En el acampe se multiplican las historias de quienes no pueden pagar el alquiler, de padres que ya no pueden cubrir los gastos básicos de sus hijos o de familias que no saben cómo llegar a fin de mes.
El sindicato FOC, junto a otras organizaciones gremiales, sociales y representantes municipales, acompañan el reclamo. Sin embargo, los trabajadores consideran que la única solución real depende de la empresa.
Los empleados insisten en que no bajarán los brazos. Mientras continúe el silencio empresarial, mantendrán la protesta en Pilar y buscarán que el conflicto llegue a mayor repercusión provincial y nacional. El acampe refleja la unidad de los trabajadores que hoy pelean por lo que consideran un derecho básico: cobrar lo que les corresponde tras años de servicio.
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