La Sociedad de Comerciantes e Industriales de Pilar (SCIPA) presentó una carta formal al interventor del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), licenciado Walter Méndez, exigiendo una intervención urgente ante lo que califican como un “pésimo y deficiente” servicio de provisión de agua corriente por parte de la empresa AySA en el distrito. La entidad manifestó que la situación es “insostenible” y advirtió sobre los riesgos para la salud pública.
El reclamo, firmado por la Comisión Directiva de SCIPA, pone en evidencia la falta de presión de agua en el centro de Pilar, una problemática que —según señalan— se ha vuelto recurrente, sin solución a lo largo del tiempo. "La presión de agua es nula o mínima, lo cual persiste días enteros y se agrava", afirman en la nota enviada al organismo regulador.
Desde la entidad también remarcan que la problemática no es nueva y que ha sido reflejada por distintos medios locales. En ese sentido, citaron notas periodísticas que dan cuenta de la preocupación de vecinos y comerciantes, como los casos de los barrios San Alejo y zonas céntricas donde, en los últimos días, el agua que brota de las canillas no solo escasea, sino que además contiene barro.
"Durante el transcurso de esta semana, comerciantes y vecinos del barrio San Alejo recibían en sus canillas agua y barro, lo cual es totalmente apto para producir un daño severo en la salud de la población", señalaron, advirtiendo sobre las consecuencias civiles y penales que podría acarrear la continuidad de esta situación.
La carta denuncia además una “conducta negligente” por parte de la empresa prestataria, que —según SCIPA— ignora los reiterados reclamos de vecinos, comerciantes y referentes institucionales. “El agua que se bebe NO ES POTABLE”, sostienen con firmeza en el texto, y solicitan que el funcionario tome urgente intervención para garantizar la provisión de agua apta para el consumo.
En la misiva también se refieren a la posible privatización del 90% del paquete accionario de AySA, advirtiendo que dicho proceso no puede ser utilizado como justificación para los incumplimientos actuales. “Si en algún momento se llegara a efectivizar la venta accionaria, ello debería realizarse con una auditoría previa que revele las anormalidades detectadas durante la transición. Por lo cual, ahora más que nunca, el suministro debe ser normal y óptimo”.
Finalmente, SCIPA solicita que el reclamo sea tratado con carácter de urgencia y que la empresa prestataria sea severamente sancionada por el incumplimiento contractual, agravado por el riesgo sanitario que implica el estado actual del servicio. “Solicitamos que a la brevedad el suministro sea normalizado y que se impongan sanciones ejemplares”, concluyen.
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