Fotomultas: Jorge D’Onofrio pidió adelantar su declaración y será indagado el 28 de mayo

La causa judicial que investiga presuntas irregularidades en el sistema de fotomultas y la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo esta semana, cuando el exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio solicitó adelantar la fecha de su declaración indagatoria. La audiencia, que se desarrollará el próximo miércoles 28 de mayo, lo tendrá como imputado en una causa por fraude contra la administración pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.

La investigación es liderada por el fiscal Álvaro Garganta, quien sostiene que durante la gestión del pilarense se desplegó una estructura destinada a recaudar fondos mediante mecanismos presuntamente irregulares vinculados a las multas de tránsito y a la operatoria de la VTV. De acuerdo a lo consignado por el portal Infobae, uno de los principales ejes del sistema investigado habría sido la posibilidad de reducir en un 50% el valor de las infracciones a través de gestores, en coordinación con jueces de faltas. Estas prácticas se habrían iniciado en enero de 2022, coincidiendo con la llegada de D’Onofrio al Ministerio de Transporte.

Según la hipótesis fiscal, un grupo de funcionarios que respondían al exministro habría actuado en connivencia con terceros ajenos a la administración pública. Estos terceros funcionaban como gestores y captaban a conductores deudores de infracciones, ofreciéndoles descuentos en el pago de multas. La mecánica incluía una redistribución de los fondos recaudados: el 20% se destinaba a la Provincia de Buenos Aires, mientras que el 80% restante era percibido por los municipios, los cuales contrataban empresas privadas para operar los sistemas de cámaras de detección. La Justicia investiga si 11 de esos municipios habrían desviado los fondos a la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), que posteriormente pagaba en forma irregular a las firmas prestadoras del servicio.

En esta misma causa, también fue imputado Mario Quattrocchi, titular del Juzgado de Faltas de La Plata. Según fuentes judiciales, se detectaron frecuentes viajes al exterior del magistrado en compañía de la concejal pilarense Claudia Pombo, de estrecho vínculo con D’Onofrio. Ambos estarían además asociados en emprendimientos gastronómicos radicados en Málaga, España.

Otro eje de la causa apunta a la adjudicación de concesiones para la realización de la VTV. La Justicia sospecha que siete empresas fueron beneficiadas de forma irregular, tras la contratación de la firma “Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A.”, vinculada presuntamente a funcionarios del Ministerio de Transporte. Esta compañía tenía a su cargo el sistema de asignación de turnos y habría percibido una comisión del 8,5% más IVA por cada pago realizado, configurando un presunto esquema de beneficios indebidos.

La causa también involucra a CECAITRA, una asociación civil que reúne a pequeñas y medianas empresas del sector. Según el fiscal Garganta, esta entidad habría facturado de manera irregular los importes generados por las infracciones de tránsito en municipios como La Matanza, Tigre, Moreno, Brandsen y Campana, sin la debida autorización legal.

Las derivaciones del caso podrían alcanzar a varios municipios bonaerenses que, de confirmarse las irregularidades, deberían anular las multas emitidas a través de los sistemas cuestionados.

La causa avanza y amenaza con sacudir no solo a la gestión anterior del Ministerio de Transporte provincial, sino también a buena parte del entramado político-administrativo de distintos municipios bonaerenses. La declaración de Jorge D’Onofrio ante la Justicia podría arrojar nuevas definiciones en un expediente que no deja de escalar en alcance y gravedad.