Citan a empleados del Ministerio de Transporte por maniobras con multas y VTV

El fiscal Álvaro Garganta citó a declarar a nueve empleados del Ministerio de Transporte bonaerense en el marco de la investigación por presuntas maniobras irregulares vinculadas al sistema de fotomultas y a la adjudicación de concesiones para la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Las audiencias comenzarán el próximo 2 de julio y se desarrollarán antes del inicio de la feria judicial.

Los testimonios se tomarán en calidad de testigos y, según fuentes judiciales, apuntan a esclarecer el rol que desempeñaban distintos funcionarios en la estructura interna de la cartera que encabezaba el exministro Jorge D’Onofrio. "Queremos saber qué tareas cumplían algunos funcionarios y el funcionamiento interno en el ministerio", explicaron a Infobae desde el entorno de la investigación.

En la causa están siendo investigados varios exfuncionarios de la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial (DPPSV), entre ellos Pablo Javier Sanguinetti, quien estaba a cargo de ese organismo; Tomás Uthurriague, exdirector de Informática; y Sebastián Desio, presidente de la firma “Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA”. También figuran empleados de juzgados de faltas provinciales que habrían tenido participación directa en las maniobras.

Uno de los imputados es Mario Quattrocchi, exjuez de faltas de La Plata, a quien se le atribuyen vínculos personales y comerciales con otros involucrados en la causa. La Justicia detectó que realizaba viajes frecuentes al exterior y que estaría vinculado a emprendimientos comerciales en el exterior.

Además de estas maniobras con las fotomultas, la causa también investiga posibles irregularidades en las concesiones para la explotación del sistema de VTV. Según el expediente, siete empresas fueron adjudicatarias del servicio tras haber sido “obligadas” a contratar previamente con la empresa “Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA”, presuntamente relacionada con funcionarios del Ministerio de Transporte.

La investigación señala que el sistema de multas permitía la generación de una recaudación paralela. En la imputación, el fiscal Garganta sostuvo que se conformó un grupo de funcionarios que actuaba "en connivencia con terceros ajenos al organismo", quienes captaban a deudores de infracciones de tránsito como “gestores” para ofrecerles descuentos del 50% sobre el monto original, a cambio de sumas que no ingresaban al circuito oficial.

A fines de mayo, el exministro Jorge D’Onofrio pidió adelantar su declaración indagatoria y se despegó de las acusaciones. En su descargo, aseguró que el sistema de la VTV se encontraba desactualizado desde hacía dos décadas y responsabilizó a la empresa Secutrans, a la que señaló como impulsora de la denuncia. Además, sus abogados vienen solicitando que esa firma pierda su condición de particular damnificado, argumentando que opera cámaras sin autorización en territorio bonaerense y que no demostró perjuicio económico alguno.

Sin embargo, el fiscal Garganta desestimó ese planteo al afirmar que no se hallaron irregularidades con los dispositivos de Secutrans en los distritos de Escobar y Malvinas Argentinas, por lo que rechazó remover a la empresa del expediente.

Actualmente, D’Onofrio continúa imputado como partícipe necesario de los delitos de fraude contra la administración pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito en relación al esquema de las fotomultas, y como autor directo de las maniobras investigadas en el sistema de Verificación Técnica Vehicular.