La situación económica en la provincia de Buenos Aires atraviesa un momento de extrema fragilidad. Mientras el gobernador Axel Kicillof solicitó a la Legislatura la autorización para endeudarse por el equivalente en pesos a 1.045 millones de dólares y propuso la suspensión de deudas municipales originadas durante la pandemia de Covid-19, desde el Gobierno provincial reconocen que numerosos intendentes ya expresaron su preocupación por el deterioro de las finanzas locales.
El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, confirmó este lunes que varios jefes comunales se comunicaron en los últimos días para advertir sobre los problemas que enfrentan sus municipios para hacer frente al pago de salarios, la reducción de haberes y la proximidad del medio aguinaldo, que podría no abonarse en tiempo y forma. “Hay municipios que vienen pagando en cuotas y están muy preocupados por el pago del aguinaldo”, manifestó Bianco en conferencia de prensa.
La crítica situación fue atribuida directamente a las consecuencias de la política económica del Gobierno nacional. Según el funcionario, los recortes y el ajuste dispuestos por la gestión de Javier Milei tienen impacto directo no solo en la actividad comercial, industrial y de la construcción, sino también en las arcas del Estado en sus diferentes niveles. “Esto ya se está viendo muy fuertemente (…) y la situación es tremendamente preocupante”, señaló.
En este contexto, el Gobierno bonaerense continúa sin Presupuesto aprobado y sin autorización para endeudarse. Esta limitación agrava aún más las restricciones financieras en un escenario de caída en la coparticipación. Según datos oficiales, los ingresos por este concepto en la provincia se ubicaron en marzo en torno a los 911.000 millones de pesos, una merma significativa respecto de los casi 1,1 billones registrados en enero.
Por su parte, el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, explicó los lineamientos del paquete económico que el Ejecutivo busca debatir en la Legislatura. El mismo incluye, además del endeudamiento, la suspensión de obligaciones financieras que los municipios mantienen con la Provincia desde la emergencia sanitaria por la pandemia. “Es importante contar con la posibilidad de contraer nuevas herramientas de financiamiento para afrontar los pagos que tenemos durante el año”, señaló López, quien además subrayó que el monto solicitado “está muy por debajo del promedio anual que tuvieron otros periodos de gestiones anteriores”.
López también dio cuenta del complejo panorama fiscal bonaerense al mencionar tres factores principales: un recorte del 80% en términos reales de las transferencias no automáticas de Nación, una caída del 10% en la recaudación provincial y una creciente presión sobre el gasto público ante el retiro del Estado nacional de varias de sus funciones.
A nivel municipal, varios intendentes ya comenzaron a tomar decisiones de emergencia para contener la crisis. En Villa Gesell, el jefe comunal Gustavo Barrera decretó el estado de emergencia económica para agilizar procedimientos administrativos y disponer medidas con mayor flexibilidad. En Saavedra, el intendente vecinalista Matías Nebot anunció una reducción del 13% en los sueldos de funcionarios y concejales, e impulsa una medida similar para los trabajadores municipales, con el objetivo de evitar atrasos en el pago de salarios: “Sabemos que es una decisión difícil, pero la hacemos para evitar un mal mayor”.
En Guaminí, el intendente José Nobre Ferreira implementó un plan de austeridad que incluye la reducción de horas extras al mínimo, el congelamiento de sueldos de funcionarios políticos y la suspensión de subsidios a instituciones intermedias, sociales y educativas.
Por su parte, Rodrigo Aristimuño, intendente de Coronel Rosales, expresó su inquietud respecto del pago del medio aguinaldo. En diálogo con el diario La Nueva, señaló: “Cayó la coparticipación y eso genera en los municipios la necesidad de seguir siendo austeros. Tenemos muchísima preocupación y se acerca el pago del medio aguinaldo”.
En medio de un panorama incierto, los municipios bonaerenses enfrentan un desafío mayúsculo para sostener su funcionamiento cotidiano. La falta de recursos, combinada con la presión salarial y los compromisos de pago inminentes, obliga a los intendentes a adoptar medidas de urgencia mientras aguardan una respuesta desde la Legislatura y una posible reconfiguración del vínculo fiscal con la Nación.
Dejar un comentario