El gobierno de la provincia de Buenos Aires informó anoche que la reunión paritaria con los gremios docentes, estatales y judiciales finalmente se realizará el próximo miércoles. El encuentro había sido originalmente pautado para hoy lunes, tras una primera postergación la semana pasada, pero volvió a reprogramarse a último momento.
La negociación salarial se encuentra en un punto de tensión luego de que los gremios rechazaran la última propuesta oficial, que contemplaba un incremento del 7% dividido en dos tramos: un 4% en mayo, a percibir en junio, y un 3% en julio, a cobrar en agosto. Según trascendió, ese aumento se calcularía sobre los sueldos de marzo, y el segundo tramo no sería tenido en cuenta para el cálculo del medio aguinaldo, situación que generó el rechazo sindical por considerarla “insuficiente”.
Cabe recordar que el último acuerdo alcanzado entre las partes fue en febrero, cuando se estableció una suba del 7% en el salario básico a cobrarse en marzo y una actualización adicional del 2% en abril. Sin embargo, desde entonces el contexto económico ha cambiado significativamente: tras la salida del cepo cambiario, la inflación mostró una aceleración marcada. La última medición del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) arrojó un incremento general del 3,7%, con un 6% en alimentos. A estas cifras se sumaría al menos un 3% correspondiente a abril, según estimaciones del propio ministro de Economía, Luis Caputo.
En este marco, los gremios arribaban a la tercera instancia de negociación con la expectativa de recibir una propuesta superadora, que contemplara de manera más realista el impacto de la inflación sobre el poder adquisitivo de los salarios. En el primer encuentro, la Provincia no había presentado oferta, y en el segundo la propuesta fue rechazada por considerarse muy por debajo de las necesidades del sector.
De no mediar un entendimiento en el encuentro del miércoles, no se descartan nuevas medidas de fuerza por parte de los sindicatos. El clima de malestar se mantiene latente, en medio de un panorama económico que continúa generando incertidumbre y presión sobre los ingresos de los trabajadores estatales.
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