Tras una semana marcada por paros y amenazas de nuevas medidas de fuerza, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) alcanzó un nuevo acuerdo salarial con las cámaras empresarias del transporte automotor de pasajeros. El entendimiento permitirá desactivar temporalmente el conflicto en el sector, al menos durante junio, y otorga al Gobierno nacional un margen de respiro tras el paro de colectivos realizado el 6 de mayo.
Según lo firmado entre las partes, el salario básico de los choferes de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se actualizará a $1.270.000 en mayo y a $1.300.000 desde el 1º de junio. Además, los viáticos diarios pasarán a ser de $9.300 este mes y de $9.700 a partir del próximo. Todos los montos se aplicarán de forma proporcional al tiempo efectivamente trabajado.
La mejora acordada equivale a un aumento del 7,7% en junio, porcentaje que supera ampliamente la pauta salarial del 1% mensual que intenta instalar el Gobierno de Javier Milei como referencia general en las paritarias. Así, el gremio liderado por Roberto Fernández se suma a otros sectores, como el de Comercio, que también han logrado ajustes por encima de esa directriz oficial, en el marco de un rebrote inflacionario durante marzo y abril.
El nuevo entendimiento fue suscripto por Fernández junto a representantes de las cámaras empresarias del sector: la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Buenos Aires (CEUTUPBA).
No obstante, el grupo Dota —uno de los más grandes del sector, con fuerte presencia en el AMBA— decidió no rubricar el convenio. Pese a ello, deberá cumplirlo, ya que el acuerdo fue homologado por la Secretaría de Trabajo de la Nación, lo que le otorga fuerza de ley y aplicación obligatoria.
Además del aumento salarial, el acta firmada incluye una cláusula de revisión que prevé una nueva mesa de negociación durante el mes de junio. En ese encuentro, se evaluarán posibles ajustes adicionales en función de la evolución de la inflación y de los costos operativos del sistema de transporte público.
El acuerdo también incorpora un compromiso explícito de las partes de evitar nuevos conflictos y “extremos indeseables resultantes de la falta de acuerdo” que puedan poner en riesgo el funcionamiento del servicio. En este mismo sentido, empresarios y sindicalistas firmaron un documento adicional en el que se comprometen a fomentar la igualdad de género y la equidad laboral dentro del sector.
Con este entendimiento, el Gobierno gana tiempo y evita, al menos por ahora, que se repliquen las medidas de fuerza que paralizaron gran parte del servicio de colectivos en el AMBA a principios de mayo. Sin embargo, el conflicto podría reactivarse si no se cumplen las nuevas condiciones pactadas o si los índices de inflación continúan erosionando el poder adquisitivo de los trabajadores del transporte.
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