El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó este jueves la creación de la “Bonificación por Título Universitario de Grado atinente a la función (BTU)”, una medida que busca reconocer, incentivar y retener a los trabajadores profesionales en el ámbito de la administración pública bonaerense. La iniciativa, que había sido debatida en el marco de las paritarias, quedó formalizada a través del Decreto 641/25 publicado en el Boletín Oficial.
La bonificación alcanzará al personal comprendido bajo el régimen de la Ley 10.430, tanto de planta permanente como temporaria, que se encuadre en el agrupamiento personal profesional y que acredite un título universitario de grado directamente vinculado a las funciones que desempeña.
El beneficio consistirá en un adicional salarial del 115% del sueldo básico, que se liquidará de forma progresiva en cinco etapas: 23% a partir del 1° de mayo de 2025, 46% desde el 1° de agosto de 2025, 69% desde el 1° de noviembre de 2025, 92% desde el 1° de febrero de 2026, 115% desde el 1° de mayo de 2026.
Según establece la normativa, se trata de un monto mensual, remunerativo y no bonificable. Además, la medida también contempla al personal de Gabinete y a los secretarios privados, aunque en estos casos el adicional será del 25% del básico y se implementará mediante otro cronograma.
Desde el Ejecutivo provincial, que encabeza Axel Kicillof, explicaron que la bonificación tiene como objetivo “promover la permanencia de las capacidades profesionales en el empleo público provincial”, así como “reducir la rotación del personal profesional, incentivar el avance educativo y atraer profesionales al ámbito del empleo público”.
Para acceder al beneficio, los trabajadores deberán acreditar un título universitario oficialmente reconocido y debidamente legalizado, además de comprobar que las tareas que desempeñan guardan una relación directa con su formación profesional.
La medida se conoce en un contexto de continuas negociaciones salariales con los distintos gremios que representan a los empleados estatales bonaerenses, quienes vienen reclamando recomposiciones que compensen la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación. Con esta herramienta, el Gobierno provincial apunta a jerarquizar el empleo público y fortalecer las áreas técnicas y profesionales dentro del Estado.
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