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La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires desestimó este jueves un planteo judicial que buscaba impugnar las candidaturas testimoniales que encabezan 21 intendentes del peronismo y la vicegobernadora Verónica Magario, de cara a las elecciones del próximo 7 de septiembre. A pesar de considerar el mecanismo como "éticamente reprochable", el tribunal resolvió que no existe una normativa legal que lo prohíba expresamente.
La presentación había sido realizada por la abogada Silvia Martínez, quien solicitó la inhabilitación de estas postulaciones por considerarlas una simulación electoral que vulnera el derecho de los votantes. Sin embargo, la Junta —integrada por su presidenta Hilda Kogan, la vicepresidenta Ana María Bourimborde y el vocal Eduardo Delbés— resolvió que no existen fundamentos legales suficientes para excluir esas candidaturas de la contienda.
En el voto de mayoría, el cuerpo señaló que “es disvalioso para el sistema institucional y éticamente reprochable que una persona se postule para un cargo a sabiendas de que no asumirá”, en una clara crítica al uso del mecanismo de las candidaturas testimoniales. Sin embargo, el fallo aclaró que, al no estar prohibidas por la legislación vigente, no pueden ser observadas ni anuladas por anticipado.
“No surge de la legislación electoral provincial (Ley 5.109), ni de la Constitución Provincial, ni de la Constitución Nacional ni de los tratados internacionales que forman parte del bloque de legalidad, ningún elemento que le permita a la Junta hacer lugar a las impugnaciones planteadas”, señala el fallo.
Por lo tanto, la Junta resolvió habilitar las candidaturas cuestionadas, aun cuando reconoció el carácter controversial de las mismas. La decisión remarca una contradicción que ha generado amplio debate: si bien el mecanismo puede ser considerado una burla a la voluntad popular, su legalidad sigue vigente por la ausencia de una norma que lo regule o prohíba.
La resolución también hizo referencia a antecedentes históricos, en particular a las elecciones legislativas de 2009, cuando el entonces expresidente Néstor Kirchner impulsó la primera experiencia masiva de candidaturas testimoniales. En ese momento, también se reclamó una regulación del mecanismo, sin éxito.
“Luego de 15 años, no hubo ningún tipo de regulación que proteja al elector de esta situación”, reprochó el organismo, que reiteró la necesidad de una intervención legislativa. En este punto, los miembros Gustavo De Santis y Federico Thea —integrantes del órgano electoral— expresaron disidencias con el fallo de la mayoría, marcando distintas posturas internas sobre el alcance de la decisión.
La exhortación a la Legislatura provincial para que legisle sobre el tema se convirtió en uno de los puntos centrales del fallo. La Junta remarcó que su función no es legislar sino aplicar el derecho vigente, y advirtió que, sin una norma clara, estos casos seguirán presentándose sin posibilidad de impedirlos formalmente.
Además de la vicegobernadora Verónica Magario, quien encabeza una de las listas, figuran en las nóminas otros jefes comunales de peso dentro del oficialismo provincial, como Juan José Mussi (Berazategui), Mario Secco (Ensenada), Fernando Espinoza (La Matanza) y Jorge Ferraresi (Avellaneda), entre otros. Todos ellos se postulan para cargos legislativos en las próximas elecciones, aunque en sus distritos y entornos ya se ha adelantado que no abandonarán sus funciones ejecutivas en caso de ser electos.
El uso de estas candidaturas ha sido defendido por algunos sectores del oficialismo como una estrategia para reforzar las listas y traccionar votos. No obstante, ha recibido fuertes críticas por parte de la oposición y de diversos sectores de la ciudadanía, que lo ven como una práctica que degrada la calidad institucional y traiciona la voluntad del electorado.
Con esta decisión, la Junta Electoral bonaerense deja habilitadas las candidaturas cuestionadas, pero vuelve a colocar en agenda un debate que atraviesa al sistema democrático: el límite entre lo legal y lo legítimo en la representación política. Mientras tanto, la falta de una regulación específica deja la puerta abierta para que esta práctica continúe repitiéndose, aún en medio de críticas y controversias.
La decisión genera impacto político y reaviva las tensiones en plena campaña electoral, en la que estos dirigentes jugarán un rol clave en la estrategia del peronismo bonaerense, aunque con destinos que, como reconoció la propia Junta, ya están decididos de antemano.
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