Kicillof busca acelerar el debate del Presupuesto antes del recambio legislativo

Con la mirada puesta en el 10 de diciembre, fecha del recambio legislativo en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof busca avanzar con la aprobación del Presupuesto 2026, la ley fiscal impositiva y el pedido de financiamiento que acompañan el paquete económico. El objetivo del Ejecutivo bonaerense es que las tres iniciativas sean debatidas y sancionadas antes de que se modifique la composición de ambas cámaras, en un contexto de tensiones internas dentro del oficialismo y negociaciones con la oposición.

Según confirmaron fuentes legislativas, la Cámara de Diputados bonaerense tiene previsto sesionar el miércoles 12 de noviembre para darle estado parlamentario a los proyectos y habilitar su tratamiento en comisiones. La estrategia del oficialismo, que cuenta con el respaldo del bloque que responde directamente a Kicillof, buscará tender puentes tanto con La Cámpora como con el Frente Renovador, dos espacios del propio peronismo con los que mantiene diferencias sobre el reparto de fondos y la toma de deuda.

El Presupuesto 2026 proyecta un gasto total de 43 billones de pesos, frente a los 36 billones que se estima ejecutar durante 2025, según detalló el ministro de Economía provincial, Pablo López. Dentro del esquema de gastos, se prevé una inversión de capital de 3,2 billones de pesos, promoción y asistencia social por 1,7 billones, salud por otros 1,7 billones, educación por 1,3 billones y seguridad y servicio penitenciario por 1,4 billones. En tanto, el sector productivo tendría asignaciones por unos 60.000 millones de pesos.

Pero más allá de las cifras macroeconómicas, el punto que genera mayor controversia es el pedido de autorización para endeudarse por hasta 3.034 millones de dólares y la propuesta del Ejecutivo de crear un fondo especial para los 135 municipios, vinculado directamente a ese financiamiento. El esquema prevé que el 8% del endeudamiento —unos 1.990 millones de dólares— se destine a los distritos, distribuidos según el Coeficiente Único de Distribución (CUD) establecido en la Ley 10.559.

El problema es que, según ese diseño, si la Provincia toma menos deuda, los municipios recibirían menos recursos. Por ese motivo, tanto desde La Cámpora como desde la oposición reclaman que el monto para los distritos sea fijo y no variable. La exigencia se convirtió en el eje de las conversaciones políticas que definirán el futuro del Presupuesto.

“El monto para los municipios debe ser un número fijo, claramente determinado, con monto de actualización”, sostuvo el jefe del bloque de UCR + Cambio Federal, Diego Garcierena. Y agregó: “Siempre apostamos al diálogo, a la búsqueda del consenso y a garantizar la gobernabilidad. Pero queremos asegurar un fondo de libre disponibilidad para los intendentes, con cronograma de pago y distribuido por CUD”.

El oficialismo, por su parte, argumenta que la vinculación del fondo al endeudamiento busca mantener la consistencia fiscal y garantizar la sostenibilidad financiera de la Provincia. Sin embargo, la resistencia de los intendentes —incluidos los del peronismo— podría obligar a Kicillof a revisar su propuesta o aceptar una fórmula intermedia.

La aprobación del Presupuesto no será sencilla. La ley de leyes requiere de mayorías especiales: los dos tercios de los votos en ambas cámaras. En el Senado, donde el oficialismo cuenta con 21 bancas, necesita al menos 10 votos adicionales; mientras que en Diputados, deberá sumar 25 voluntades para alcanzar las 62 necesarias.

En ese marco, los bloques opositores no solo condicionan su apoyo al reparto de fondos, sino también a otros temas institucionales que quedaron pendientes: la designación de cargos en los organismos de control, el directorio del Banco Provincia y las cuatro vacantes en la Suprema Corte bonaerense.

Pese a las tensiones, en el entorno del gobernador confían en que el diálogo permitirá arribar a un acuerdo antes del cierre del año legislativo. “Vamos a garantizar el funcionamiento del Estado y el cumplimiento de los compromisos con los municipios”, afirman cerca de Kicillof.

El desafío será combinar las urgencias fiscales con las demandas políticas en un escenario donde cada voto cuenta. De lograr la aprobación, el gobernador se asegurará las herramientas financieras necesarias para encarar la segunda parte de su mandato con margen de gestión. De lo contrario, el debate se postergará para una Legislatura renovada, donde los equilibrios de poder podrían ser menos favorables para el Ejecutivo.