Habilitan a recaudar impuestos a través de los Registros del Automotor

Un fallo de la Cámara Federal de La Plata significó un revés para el Gobierno nacional y un triunfo para la provincia de Buenos Aires en el terreno judicial. La Sala I del tribunal revocó la cautelar que había suspendido la aplicación de la Resolución Normativa 26/2024 de la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA), que establece la obligación de los Registros Seccionales de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA) de actuar como agentes de recaudación de los impuestos Automotor y de Sellos.

La decisión judicial echa por tierra el fallo dictado semanas atrás por el juez federal Alberto Recondo, quien había hecho lugar a un planteo del Gobierno de Javier Milei para frenar la medida impulsada por la administración provincial. La Cámara entendió que los argumentos de la Nación no cumplían con los requisitos estrictos que exige la ley para habilitar una medida cautelar contra un acto administrativo.

En sus fundamentos, el tribunal destacó que la práctica de utilizar a los Registros Seccionales como agentes de recaudación se aplica desde hace 34 años sin afectar el normal funcionamiento de la actividad registral. Además, advirtió que suspenderla hubiera significado un “grave perjuicio al erario bonaerense” sin que ello implicara un beneficio concreto para el Estado nacional. Por el contrario, remarcó que los actos administrativos gozan de presunción de legitimidad y que, en ausencia de pruebas contundentes, deben mantenerse vigentes.

Con la resolución de la Cámara, los Registros Seccionales de la DNRPA deberán continuar con la percepción y/o retención de los tributos correspondientes, tal como lo estipula el Código Fiscal bonaerense y la normativa vigente. Para la gestión de Axel Kicillof, el fallo no solo asegura la continuidad de un mecanismo clave de recaudación, sino que también blinda a ARBA frente a los embates de la Casa Rosada.

Desde el inicio de la administración de Javier Milei, el Ministerio de Justicia avanzó en una política de “simplificación” de los trámites vinculados a los Registros del Automotor. Bajo esa premisa, resolvió denunciar todos los convenios de Complementación de Servicios que permitían a provincias y municipios recaudar impuestos a través de las oficinas seccionales. En ese paquete quedó comprendida la provincia de Buenos Aires, donde los registros perciben, entre otros, el Impuesto de Sellos que grava las operaciones de compraventa de vehículos.

El argumento central de Nación es que las tareas de los registros deben circunscribirse únicamente a cuestiones registrales. Cualquier otro tipo de intervención —como la percepción de tributos provinciales o municipales—, según esta visión, recarga de responsabilidades a los encargados de registros y afecta el objetivo de desburocratizar el sistema.

En la demanda presentada ante la Justicia, la administración nacional también cuestionó que la Resolución 26/2024 de ARBA obligara a los concesionarios de registros a ejercer funciones de recaudación que no les son propias. Según planteó, esa obligación introduce incertidumbre sobre el alcance de su responsabilidad frente a las inscripciones que realizan y expone su actividad a mayores riesgos tributarios.

Asimismo, Nación esgrimió que la norma provincial podría lesionar el orden federal al imponerle a un organismo nacional tareas que exceden su marco legal. En paralelo, resaltó que la puesta en marcha del Registro Único Virtual (RUV) busca modernizar y unificar trámites, objetivo que —a juicio del Ejecutivo nacional— colisiona con el esquema que pretende sostener la provincia de Buenos Aires.

El trasfondo político y fiscal

Más allá de los argumentos técnicos, el fallo de la Cámara Federal de La Plata se inscribe en una disputa política y fiscal de fondo. La recaudación de impuestos en el rubro automotor representa para la Provincia un flujo de recursos significativo y, al mismo tiempo, un mecanismo aceitado de control. Perder esa herramienta hubiera implicado un duro golpe financiero en un contexto de tensiones por los recortes de transferencias nacionales.

El revés judicial complica a la estrategia de Milei de avanzar en la centralización y simplificación de funciones administrativas, al tiempo que fortalece a la gestión bonaerense en su pelea por sostener ingresos propios. De ahora en más, los Registros Seccionales seguirán cumpliendo el doble rol de inscribir y recaudar, tal como ocurre desde hace más de tres décadas.