Eliminan control sobre cuotas de colegios y habilitan libre fijación de aranceles

El Gobierno nacional eliminó el control estatal sobre los aranceles que cobran los colegios privados, al derogar un decreto que regulaba desde 1993 la relación entre el Estado y las instituciones educativas de gestión privada en todo el país. La medida, dispuesta a través del Decreto 787/2025 publicado este martes en el Boletín Oficial, podría tener impacto directo en el ciclo lectivo 2026.

Con esta decisión, el Ejecutivo busca avanzar hacia la desregulación total del sistema educativo privado, suprimiendo la obligación que tenían los establecimientos de informar previamente los montos de cuotas y matrículas, así como de obtener autorización estatal para modificarlos. En adelante, los colegios podrán fijar sus aranceles libremente y ajustar sus precios según sus costos y criterios de sostenibilidad económica.

Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires, el control de los aumentos continúa bajo la órbita del Gobierno bonaerense, por lo que se espera que la administración de Axel Kicillof no adhiera a la medida y mantenga el esquema de regulación vigente.

En los fundamentos del decreto, el Gobierno argumentó que el sistema derogado “imponía limitaciones y requerimientos que dificultaban la adaptación de los institutos de enseñanza privada a las realidades educativas y económicas del país”. Además, señaló que el régimen respondía a un contexto anterior al traspaso de las competencias educativas a las provincias, por lo que consideró necesario “revisar el marco normativo para promover un entorno más propicio para la gestión privada”.

El texto también sostiene que la intervención estatal en los aranceles “ha generado efectos contraproducentes que afectan la viabilidad económica” del sector, al impedir que los colegios ajusten sus precios frente a los aumentos de costos operativos o salariales.

Finalmente, el Ejecutivo defendió la medida en términos de libertad económica: los colegios privados —afirmó— “deben tener la facultad de fijar sus condiciones de contratación y los salarios de su personal sin requerir autorización estatal”, garantizando así el principio de propiedad y la libre competencia.

De esta forma, el Gobierno avanza en una nueva etapa de desregulación dentro del sistema educativo, en línea con su programa de reducción de la intervención estatal y promoción de la autonomía de los actores privados, una política que genera expectativa entre las instituciones y preocupación entre las familias ante posibles aumentos de cuotas en 2026.