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El Juzgado Federal de Campana dictó el procesamiento con prisión preventiva y un embargo de 30 millones de pesos contra Luis Osmar Salomón, de 45 años, acusado de realizar múltiples amenazas de bomba entre junio y septiembre en instituciones educativas y de salud de Pilar. El hombre, oriundo de Zárate y chofer de una combi escolar, fue detenido el 10 de septiembre por la Policía Federal Argentina en su domicilio, donde se secuestró el celular desde el cual se habrían efectuado las llamadas intimidatorias al 911.
Las amenazas afectaron a la Universidad del Salvador (USAL), la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), el Hospital Austral, la Universidad Austral y el Colegio Verbo Divino. En cada caso, las alertas obligaron a evacuar edificios, suspender clases y actividades médicas, y desplegar amplios operativos policiales y de bomberos para descartar la presencia de explosivos.
El primer episodio ocurrió el 17 de junio, cuando se halló en un baño de la USAL una nota manuscrita que advertía sobre la colocación de artefactos explosivos en esa sede y en la UCES. La investigación determinó que la carta fue escrita por Salomón, quien incluso se presentó ante las autoridades universitarias como “informante” de la amenaza. Pericias scopométricas confirmaron la coincidencia entre su caligrafía y la de la misiva.
A lo largo de los meses siguientes, se registraron otros cinco episodios (1, 11, 14 y 28 de agosto y 8 de septiembre), todos efectuados mediante llamadas al 911 desde un número a nombre de Salomón. Según la causa, los mensajes reiteraban la supuesta colocación de explosivos, aludiendo en cada caso a responsabilidades del gobierno nacional.
El juez federal Adrián González Charvay resolvió la prisión preventiva al considerar que existen riesgos procesales imposibles de neutralizar con medidas alternativas. Además, sostuvo que los elementos de prueba —audios, registros telefónicos, pericias de escritura y análisis de aplicaciones vinculadas al celular incautado— resultan suficientes para imputarlo por el delito de intimidación pública reiterada en seis hechos, previsto en los artículos 45, 55 y 211 del Código Penal.
En la indagatoria, Salomón negó los cargos, alegando que solía prestar su teléfono a estudiantes y que su voz no coincidía con la de los audios. También rechazó cualquier enemistad con las instituciones o con el gobierno. Pese a ello, la justicia valoró que los indicios reunidos conforman un cuadro probatorio sólido.
El embargo de 30 millones de pesos busca cubrir posibles daños económicos generados por los operativos de seguridad. Entre ellos se cuentan $1.244.724,46 en gastos policiales y las erogaciones declaradas por la USAL ($5.345.000) y la UCES ($830.000).
La causa, que pasó al fuero federal por la reiteración de hechos y su impacto en el orden público, continúa en etapa de instrucción con Salomón detenido a la espera de juicio.
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