- Investigado por corrupción
© 2025 Diario Resumen
La causa que investiga el presunto pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dio un nuevo giro en las últimas horas, con allanamientos simultáneos, renuncias inesperadas y el hallazgo de una suma millonaria en dólares. El fiscal federal Franco Picardi ordenó operativos en distintos barrios privados de Pilar y Berazategui, donde residen los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker —dueños de la droguería Suizo Argentina— y el exdirector de la entidad, Diego Spagnuolo.
Durante los procedimientos, se reclamaron registros de ingresos y egresos de los countries desde principios de 2024 y se detectó una caja de seguridad a nombre de Spagnuolo en el Banco BBVA, que contenía 80.000 dólares. La fiscalía considera que este hallazgo es clave para reconstruir la presunta ruta de sobornos que habría vinculado a funcionarios nacionales con la principal proveedora de medicamentos de la ANDIS.
En paralelo, la investigación sufrió un cimbronazo: los abogados defensores de Spagnuolo, Juan Aráoz De Lamadrid e Ignacio Rama Schultze, renunciaron a la representación de su cliente aduciendo “motivos personales”. La decisión coincidió con el operativo desplegado en el domicilio del exfuncionario en Pilar. Hasta el momento, Spagnuolo no designó nuevos letrados.
La causa también sumó un capítulo judicial adicional cuando el juez Sebastián Casanello denunció al jefe de sistemas de la droguería Suizo Argentina por “resistencia a la autoridad, encubrimiento y falso testimonio”.
Otro de los puntos salientes fue la declaración del consultor Fernando Cerimedo, quien compareció como testigo y aportó detalles sobre presuntas conversaciones con Spagnuolo en las que se mencionaban pagos indebidos y maniobras de corrupción.
El expediente, bajo secreto de sumario hasta el 19 de septiembre, se inició a partir de la difusión de audios que involucraron directamente al presidente Javier Milei, a su hermana Karina Milei —Secretaria General de la Presidencia—, a Eduardo “Lule” Menem, además de Spagnuolo y los Kovalivker.
El texto judicial sostiene que “todos habrían participado en un esquema de cobro y pago de coimas relacionadas con la compra y provisión de medicamentos, con afectación directa a los fondos públicos”. Las figuras penales que se analizan son cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública e infracción a la Ley de Ética Pública.
Con el análisis pendiente de documentación bancaria y fiscal, la investigación se perfila como uno de los expedientes de corrupción más sensibles para el gobierno actual, que sigue sumando derivaciones políticas y judiciales a medida que avanzan las pesquisas.
Dejar un comentario