Reclamos docentes amañados, justicia en picada y shows políticos varios

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La ciudadanía observa desconcertada diversos acontecimientos que afectan la calidad de vida de la sociedad y que en muchos casos superan por lejos la ficción.
Con un aumento de los precios al consumidor del 2,3% para el mes de marzo del corriente año, el primer trimestre cierra con una inflación acumulada del 6,7%. Estas cifras sin duda deben generar alertas en los funcionarios responsables de la economía nacional. A ello debería sumarse la preocupación por el gasto público, el déficit fiscal y el endeudamiento. En contraposición aparecen como indicadores favorables el crecimiento, el clima favorable para la inversión y la gobernabilidad.
El problema generado por los reclamos docentes resulta claramente más influido por la política amañada de algunos gremios que por genuinas inquietudes que tengan que ver con los sueldos y/o las condiciones de trabajo de los maestros. Esta situación se da fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, donde el gobierno pasó de ofrecer el 15% de aumento al 18,3% con revisión en setiembre según la evolución de la inflación. El abanderado de esta caprichosa y negativa posición política no es otro que el preceptor del sindicato SUTEBA, Roberto Baradel. El deterioro en el proceso de capacitación de los chicos y los trastornos que se les crea a los padres, hace que más habitantes de esa provincia evalúen pasar sus chicos de la escuela pública a la escuela privada. Como se advierte fácilmente, este comportamiento conlleva una gran “contribución” de ciertos dirigentes gremiales a la causa nacional y popular tan frecuentemente “proclamada “por ellos mismos.
En el orden judicial la situación continúa su camino zigzagueante y por demás desconcertante en cuanto a demoras e ineficientes desempeños. En la causa del fallecimiento de la conductora televisiva y legisladora porteña Débora Pérez Volpin, el cuerpo médico forense de la Corte Suprema y los peritos de las partes tardaron 60 días en producir el informe médico sobre las causas que produjeron su deceso. Un día antes de que el mencionado informe fuera presentado en el juzgado de instrucción en el que tramita la causa, el titular del mismo Omar Ghirlanda renunció a su cargo. Insólito comportamiento después de dos meses de un exiguo y autolimitado desempeño de funciones.
En otra causa notoria que involucra al “experto” en estadísticas públicas y economía, Guillermo Moreno, la Cámara Federal revocó el sobreseimiento de primera instancia y lo procesó por falsear los números del INDEC. El sobreseimiento en primera instancia lo había dictado el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, desconociéndose a la fecha los fundamentos de ese fallo, ya que falsear el método de cálculo de ciertos índices tiene directa incidencia sobre los dividendos que pagan algunos bonos emitidos por el Estado Nacional. Ello afecta seriamente a inversores y/o al Estado Nacional, es decir, impacta nada más ni nada menos que sobre el crédito público.
Como si estos resumidos casos no bastaran, la Corte Suprema de Justicia de la Nación inhabilitó por medio de una acordada suscripta por tres de sus miembros contra dos miembros que se opusieron, al Tribunal Oral Federal Nº 9 a llevar adelante el trámite tres causas claves en las que tienen como imputada principal a la ex-Presidente. Tan confusa fue esa acordada que el Consejo de la Magistratura le pidió a la Corte que aclarara el alcance de la misma. Vale la pena agregar que, gracias a esa acordada, lo más probable es que las tres causas de corrupción que involucran a Cristina Kirchner y a diversos funcionarios de su administración y privados, terminen tramitándose en distintos juzgados federales. Esto, sin duda originará demoras e ineficiencias ya que los delitos aparecen como claramente concurrentes. El fiscal federal Plee contribuyó a lo antes mencionado ya que en una resolución dictaminó que se tramiten por separado las mencionadas causas.
Sin perjuicio de ello, hace seis años que un Tribunal Oral de Instrucción viene desempeñándose como Tribunal Oral Federal en la causa Tandanor. Los jueces que lo integran son Sergio Paduczac y Gabriel Nardiello. Días atrás la Corte estableció en una acordada que para trasladar jueces hace falta el acuerdo del Senado, pero dejó en su puesto a los ya designados. En este farragoso contexto los camaristas federales que liberaron a López y de Sousa cambiando la carátula de la causa, sin que se lo solicitaran las defensas de los imputados, analizan dejar sus cargos.
En lo político asistimos la semana pasada a un particular show televisivo. El mismo se desarrolló en el Congreso nacional en ocasión del pedido de explicaciones por parte de los legisladores al ministro de Finanzas Luis Caputo. Su presencia fue requerida para explicar cuestiones vinculadas a su situación personal y a su desempeño como ministro del actual gobierno de Cambiemos. La entrega de un papelito por parte del ministro a la diputada Gabriela Cerruti originó un inusual y escandaloso episodio, que abortó la reunión que ya llevaba cuatro horas de duración. Los reclamos y las desenfrenadas críticas al ministro por parte de la diputada y del diputado Agustín Rossi, impidieron formular algunas preguntas trascendentes sobre la gestión pública del ministro. Quedó claro que ambos adoran la causa nacional y popular. Y mucho más adoran las cámaras de televisión.
Otro hecho destacado de la novela peronista, lo constituyó la orden judicial de la juez federal electoral Servini de Cubría interviniendo el Partido Justicialista. El fárrago de apreciaciones políticas en los fundamentos del referido fallo eximen de mayores comentarios. Se trató de una sentencia judicial plagada de consideraciones políticas. El interventor designado no es otro que el dirigente sindical gastronómico Luis Barrionuevo. Las autoridades, al momento apelantes de dicho pronunciamiento, son el presidente y vicepresidentes del partido Luis Gioja y Daniel Scioli. Ante esta situación el peronismo de los gobernadores y el senador Picheto guardaron en general un significativo silencio. Sólo el gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey manifestó “que el Partido Justicialista sufrió el síndrome de Estocolmo, ya que se enamoró de su secuestradora”. De la “unidad partidaria” ni hablar.

Fernando Robles
Analista político y economista
www.fernandorobles.com.ar
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